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Publicado el Decreto Ley que recoge la revisión de precios en las contrataciones de obra pública tramitadas por procedimiento abierto

Publicado el Decreto Ley que recoge la revisión de precios en las contrataciones de obra pública tramitadas por procedimiento abierto

También recoge el Decreto Ley 1/2022 que el contratista no podrá ser penalizado por el retraso de los plazos de ejecución si es por falta de suministro de materiales por su escasez en el mercado
07/03/2022

El DOE de hoy publica el Decreto Ley 1/2022 de medidas urgentes de mejora de la calidad en la contratación pública para la reactivación económica, que entra en vigor dentro de un mes y una modificación de la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable de Extremadura cuya entrada en vigor es mañana martes.

El Decreto Ley 1/2022 recoge que los órganos de contratación deben incluir en los pliegos de la contratación de obra pública tramitada por procedimiento abierto la revisión periódica de los precios y la fórmula de revisión a aplicar. Además el contratista no será penalizado si se retrasan los plazos parciales o totales de la ejcución de la obra por falta de suministros derivada de su escasez en el mercado o por otros factores imprevisibles

El objetivo de este RD es mejorar la calidad y eficiencia de la contratación pública en determinados ámbitos estratégicos para contribuir al impulso de la recuperación, la inversión y el crecimiento sostenible e innovador en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se aplicará a los contratos celebrados por la Junta de Extremadura, sus organismos públicos y demás entidades dependientes o vinculadas a ella que, a efectos de contratación pública, tengan la consideración de poder adjudicador, y para la valoración de las ofertas, además del precio, se considerarán otros aspectos, como la calidad, la mayor vida útil de la obra o servicio contratado, y la incorporación de aspectos de innovación empresarial, vinculados al objeto del contrato público de que se trate.

 

Para los contratos de obras y de servicios que se tramiten por procedimiento abierto, el precio no podrá tener un peso superior al 60%  ni inferior al 40% de la valoración total de la oferta, salvo excepciones contempladas en el artículo 145.3g de la Ley de Contratos del Sector Público. Y en todos los contratos de servicios, sean o no prestaciones de carácter intelectual, relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, consultoría, ingeniería, arquitectura y urbanismo, así como cuando se trate de contratos relativos al cuidado de personas en el ámbito de los servicios sociales, que se liciten por procedimiento abierto, el criterio precio no podrá superar el 30% del total de puntos asignable en la valoración de las ofertas

En los contratos de obras y de servicios, cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, los órganos de contratación podrán utilizar umbrales de saciedad para modular el criterio precio y establecer límites a las reducciones de los mismos en las ofertas económicas sobre el precio máximo.

En cuanto al Umbral de ofertas anormalmente bajas en los contratos de obras y servicios, los órganos de contratación fijarán, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, un umbral para la consideración de las ofertas anormalmente bajas entre dos y siete unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas, para identificar aquellas que se puedan encontrar incursas en presunción de anormalidad.

 

Criterios de reducción de plazos de ejecución. En los contratos públicos de obras y servicios, en los que se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación en su determinación, el órgano de contratación solo podrá aplicar el criterio de la reducción de plazo de ejecución o del plazo de entrega, cuando considere que mediante su empleo la definición de la prestación es susceptible de ser mejorada, debiendo quedar justificadas en el expediente de contratación las razones de su elección, y no se podrá utilizar este criterio de adjudicación cuando no aporte ningún valor cualitativo a la prestación objeto del contrato, atendiendo a la mejor relación calidad-precio

Calidad mínima de la oferta técnica.

En los procedimientos abiertos de los contratos de obras y servicios, así como de los contratos mixtos, los órganos de contratación podrán establecer unos requisitos mínimos para valorar aspectos técnicos que, de no superar el umbral establecido, permitirá la exclusión de la oferta, pero deberán determinar claramente, en los pliegos de la contratación, los criterios para valorar los aspectos técnicos relacionados con el objeto del contrato que utilizarán, así como el mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo.

Las valoraciones de los criterios sometidos a juicios de valor deberán ser coherentes y contrastables con la documentación aportada por los licitadores. No obstante, cuando se utilicen mínimos de calidad para la oferta técnica o fases de valoración sujetas a la superación de umbrales en cada una de ellas y, los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor tengan atribuida una ponderación mayor que la correspondiente a los criterios evaluables de forma automática, su valoración corresponderá realizarla a un comité formado por expertos con cualificación apropiada

Revisión de precios en las futuras contrataciones de obra pública

Dentro de un mes, cuando entre en vigor el  decreto-ley, los órganos de contratación deberán incluir en los pliegos de la contratación de obra pública que se tramiten por procedimiento abierto, la revisión periódica y predeterminada de precios y la fórmula de revisión que deba aplicarse con arreglo a lo establecido en el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector

Público.

 

En cuanto a los retrasos en los plazos por falta de suministros, el contratista no será penalizado por los retrasos que se originen en los plazos parciales o totales de ejecución de las obras, cuando se produzcan como consecuencia de la falta de suministros por su escasez en el mercado o derivada de otros factores imprevisibles, acreditado mediante informe del responsable del contrato. 

Medidas aplicables a los supuestos de alteración extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales en los contratos de obra pública.

A los contratos administrativos de obras, o contratos mixtos respecto a la prestación de obras, que estuvieran ejecutándose con anterioridad a 1 de enero de 2021, les serán de aplicación, durante 2022, las medidas establecidas en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 3/2021, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2022, siempre que se haya producido una alteración extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales tomados en cuenta en la formalización del contrato o, en su caso, en las modificaciones posteriores que tuviera el contrato, en los mismos términos establecidos en dicha disposición. Una vez que pierdan vigor las medidas de la ley de presupuestos de Extremadura, podrá establecer nuevas medidas para los supuestos de alteración extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales en los contratos de obra pública que se encuentren vigentes en cada momento y no hayan contemplado la revisión de precios.

En cuanto a los expedientes de contratación que se encuentren en trámite para licitación, cuyo acuerdo de inicio se haya emitido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente decreto ley, continuarán tramitándose por la normativa anterior que le sea de aplicación.

 

LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE DE EXTREMADURA

 

Por otra parte este Real Decreto recoge una modificación de la Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable de Extremadura, y que entra en vigor mañana martes.

 

Se ha añadido una exclusión de la Ley 12/2018 los contratos de suministro relativos a actividades directas de las entidades del sector público que tuvieran su sede en Extremadura, cuya actividad tenga carácter comercial, industrial, financiero o análogo, en el seno de los mercados agrícolas afectados por la Política Agraria Comunitaria, si los bienes sobre los que versan han sido adquiridos con el propósito de devolverlos, con o sin transformación, al tráfico jurídico patrimonial, de acuerdo con sus fines peculiares. En ese caso, se regirán por el derecho privado.