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Ocupación ilegal de viviendas: aprobada una ley que facilita su recuperación por el legítimo titular

Ocupación ilegal de viviendas: aprobada una ley que facilita su recuperación por el legítimo titular

La norma pretende dar una respuesta ágil y efectiva al problema derivado de la ocupación ilegal de viviendas y el consiguiente desalojo del ocupante por la fuerza.
22/06/2018

El BOE del pasado dia 12 de junio publicó la Ley 5/2018, que modifica la Ley 1/200 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, en lo relativo a la ocupación ilegal de viviendas.

La reforma articula un procedimiento destinado a recuperar de forma inmediata la posesión de un bien inmueble destinado a vivienda que ha sido ocupado ilegalmente (ocupación que no ha sido consentida ni tolerada) y restituirla a su legítimo poseedor, siempre que la inmediata recuperación sea solicitada por persona física propietaria o poseedora legítima por otro título, entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social.

Además podrán dirigirse genéricamente contra los "desconocidos ocupantes" del inmueble, sin perjuicio de la notificación que de ella se realice a quien en concreto esté en el inmueble en el momento de realizar la notificación. Pero la demanda debe ir acompañada del título que se reconoce la titularidad de la posesión.

La notificación se hará "a quien se encuentre habitando el inmueble". Se podrá hacer "a los ignorados ocupantes de la vivienda. a efectos de proceder a la identificación del receptor y demás ocupantes, queien realice el acto de comunicación podrá ir acompañado por los agentes de la autoridad".

El demandante puede solicitar la inmediata entrega de la posesión de la vivienda. Se requerirá a los ocupantes para que aporten en el plazo de cinco días título que justifique su situación posesoria. Si no se aporta justificante suficiente el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, siempre que el título que se hubiere acompañado a la demanda fuere bastante para la acreditación de su derecho a poseer y sin que contra el auto que decida sobre el incidente quepa recurso alguno, llevándose a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encuentren en ese momento en la vivienda.

 En la resolución en que se acuerde la entrega de la posesión de la vivienda al demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordenará comunicar este hecho, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados, a los servicios públicos competentes en materia de política social, para que, en el plazo de siete días, puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan.

 Si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. La oposición del demandado podrá fundarse exclusivamente en la existencia de título suficiente frente al ocupante para poseer la vivienda o en la falta de título por parte de este.

La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del demandante, sin necesidad de que transcurra el plazo de veinte días previsto