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La CREEX afirma que la imposición por decreto de un Registro de Salarios no favorecerá la igualdad entre hombres y mujeres y solo acarreará más carga burocrática para las pymes

La CREEX afirma que la imposición por decreto de un Registro de Salarios no favorecerá la igualdad entre hombres y mujeres y solo acarreará más carga burocrática para las pymes

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) se muestra muy crítica con algunos de los aspectos recogidos en el Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros para, en teoría, favorecer la igualdad laboral entre hombres y mujeres
01/03/2019 - Fuente: Creex

Uno de los aspectos más cuestionados ha sido la obligatoriedad para las empresas de llevar un ‘registro de salarios medios’ desagregado por sexo y categorías y grupos profesionales. A juicio de Javier Peinado, secretario general de la CREEX, esta imposición “solo servirá para generar carga administrativa y más burocracia a las pequeñas y medianas empresas, sin aportar nada real a la igualdad laboral”.

Peinado ha recordado que las relaciones laborales, y en particular los aspectos salariales, son cuestiones que se negocian entre empresas y trabajadores en el marco de la concertación social “y es en ese marco en el que las dos partes deberían solventar estos temas, no con nuevas imposiciones jurídico-administrativas sin recorrido efectivo”.

Del mismo modo, el secretario general de la CREEX ha mostrado su desacuerdo con que se impongan planes de igualdad para las empresas de más de 50 trabajadores y ha señalado que “cada vez son más las empresas que están dando el paso voluntariamente y están interiorizando cláusulas o medidas de igualdad que a veces son más efectivas que elaborar un plan más profundo, que en muchos casos estamos comprobando que no llegan a implementarse”.

En esta línea, Peinado ha abogado por fomentar la voluntariedad en la implantación de las estrategias de no discriminación “porque de ahí sí que se derivan acciones concretas para la situación de cada empresa”, y ha propuesto que la obligatoriedad se cambie por la concienciación, en el sentido de que “la igualdad, la no discriminación, son premisas que generan valor añadido y aumentan la competitividad de las empresas”.